El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), ordenó la realización de un informe socioambiental antes de decidir si Cristina Fernández de Kirchner puede, tal como solicitó, cumplir la pena que le impuso la Corte Suprema en prisión domiciliaria.
Como otro paso previo, le pidió opinión al fiscal Diego Luciani, quien pretendía la inmediata detención en cuanto se conoció la decisión de los supremos, pero el magistrado mantuvo su posición de fijar cinco días hábiles para que las nueve personas alcanzadas por la sentencia se presenten en Comodoro Py. Ese plazo se cumple el miércoles que viene. Si antes de ese día no hay una definición, la presidenta del Partido Justicialista irá a tribunales, aunque su defensa intenta que los trámites previos a la ejecución de la condena se hagan por zoom. Con su presencia, el tribunal corre el riesgo de que se geste una movilización masiva como ocurrió en abril de 2016 como cuando fue indagada por el fallecido Claudio Bonadío, uno de los icónicos de la persecución contra CFK.
"La prisión domiciliaria es una medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la pena, sin afectar la dignidad ni las condiciones humanas de los solicitantes y que, de manera alguna, ello significa un privilegio personal ni mucho menos implica la impunidad del condenado", dice la presentación de los abogados de la expresidenta, Alberto Beraldi y Ari Llernovoy. Además de la cuestión de la edad, ya que al superar los 70 años puede pedir "domiciliaria", señalan que es una "obligación estatal" "velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo". "Los exPresidentes de la Nación cuentan con un servicio de seguridad específico, a cargo de la División Custodia de ex Mandatarios de la Policía Federal" pero quedaría sin efecto si entra al sistema penitenciario.
Recuerdan que CFK, durante la etapa final del juicio conocido como "Vialidad", por el que la Corte confirmó su condena, "fue víctima de un intento de homicidio", que "no alcanzó su consumación por circunstancias absolutamente fortuitas". Sostienen que "por razones difíciles de explicar, no se ha podido o querido avanzar respecto a los autores intelectuales del intento de magnicidio, quienes por ende permanecen libres e impunes al día de la fecha" y que "según algunas líneas de la pesquisa, por el momento no descartadas, los instigadores del hecho mantendrían contactos directos con altos sectores del poder político y económico de nuestro país". "Incluso, una de las personas sospechadas (dicen en relación al diputado Gerardo Milman) tiene relación directa con" la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Así muestran, entre otros argumentos, que CFK no puede cumplir su pena privativa de libertad de otra forma que no sea con detención domiciliaria: en una cárcel "no es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida". Por las mismas razones de seguridad, en un penal CFK no podría compartir lugares con otras personas, pero las "medidas de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente son incompatibles con los estándares internacionales y convencionales que rigen la ejecución penal".
Cristina ofreció para cumplir la pena el domicilio donde se encuentra estos días, desde donde saluda en el balcón rodeada de militancia y gente suelta que va a darle apoyo, en la calle San José al 1100 en la Ciudad de Buenos Aires. Allí es donde se realizaría el estudio socioambiental que pidió Gorini: un/a asistente social y/o psicólogo/a va a la vivienda, verifica si hay personas a cargo o con quiénes vive, si la persona padece alguna enfermedad o si tiene alguna discapacidad, si trabaja, entre otras cosas. Es un procedimiento que está a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), que depende del Poder Judicial.
Se trata de uno de los pasos previos a que el tribunal decida si le da acceso a la prisión domiciliaria. La definición podría ser de los tres jueces que integran el tribunal: además de Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Página 12
