El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informó que hay un preacuerdo para el convenio colectivo en el Puerto. El documento fue firmado por las partes sobre la una de la mañana y en esta jornada será debatido en la asamblea de trabajadores.
Según La Diaria, la principal diferencia entre el sindicato y la empresa pasaba hasta ayer por la cantidad de jornales mensuales que se aseguran a los trabajadores.
El sindicato quiere ampliar la cantidad, que actualmente está fijada en 13 jornales, principalmente para los empleados que llevan más años en el lugar.
A los trabajadores que tienen más de 12 años de antigüedad pretende que se les asegure ser convocados en 22 jornadas cada mes. Y a los los que tengan entre ocho y 12 años lleguen a 20 días de trabajo. Por último, los que tengan más de cinco años pasen a 18 jornadas. Finalmente, se busca que a los nuevos empleados se les garantice al menos 13 convocatorias.
Los trabajadores de TCP tomaron la decisión de permanecer en asamblea desde el sábado pasado.
Como medida de apoyo, este lunes se sumó a la asamblea el sindicato de Montecon, la otra empresa que opera con contenedores en el puerto de Montevideo.
Mientras tanto, el sistema político analiza el addenda en el contrato de Katien Natie para extender hasta 2081 la concesión de la terminal especial de carga de contenedores.
El sector Cabildo Abierto solicitó como condición para apoyar la decisión del gobierno de Lacalle Pou que la empresa belga no podrá vender sus acciones en ese lapso de tiempo sin el permiso del Estado uruguayo.
Terminal Cuenca del Plata (TCP) es propiedad de la multinacional belga Katoen Nati y tiene como socio minoritario (20%) al Estado Uruguay.
En marzo, negoció un nuevo contrato con el gobierno que ha suscitado polémica a nivel político y portuario. El acuerdo le otorga la preferencia para el despacho de contenedores y extiende la concesión de la terminal especializada de TCP por 50 años más, hasta 2081.
El Frente Amplio, por su parte, está a la espera de la resolución de la justicia penal por la denuncia presentada por sus senadores, y del recurso de revocación presentado por la bancada de diputados.
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