En el caso de Valentina, el viernes 18, la máxima autoridad del Poder Judicial había solicitado un informe con carácter urgente y dio un plazo de 72 horas a los Juzgados Letrados Especializados en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos para que informen de las actuaciones realizadas en este caso.

El martes pasado recibió los informes, que fueron analizados en el acuerdo de ministros de la SCJ el miércoles, y en esta jornada la magistrada Dina Mustafa Salim Molina (jueza letrada del interior suplente, que actuó como subrogante en la sede de 2º turno) fue notificada del sumario.

El inicio del procedimiento disciplinario es sin separación del cargo y se designó como instructora a la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º turno, Alicia Álvarez.

"El proceso disciplinario indagará en posibles incumplimientos de las previsiones contenidas en la ley nº 19.580 y la Acordada nº 8071, en la medida que podrían haber generado descrédito para la Administración de Justicia", indicó el Poder Judicial en un comunicado.

"La SCJ entendió que no correspondía aplicar medidas de suspensión preventiva a la magistrada porque no existen elementos que así lo aconsejen y además no se configuran los supuestos del artículo 14 de la Acordada nº 8078 (nuevo reglamento de los procedimientos disciplinarios para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los jueces) ni se trata, en este caso, de la titular del juzgado", agrega la comunicación oficial.

Los Juzgados de Género de San Carlos tuvieron dos actuaciones en relación a situaciones de violencia de género entre Valentina y su exnovio, informó Subrayado. La primera terminó en una intimación a los padres a que cumplan con los deberes de la patria potestad, y la segunda agregó una intimación al "buen relacionamiento", dijeron fuentes judiciales.

Luego de que la Policía recibió las denuncias, comunicó el caso a la Justicia. Allí, el juzgado de Familia intimó a los padres a cumplir con la patria potestad, e intimar por el "buen relacionamiento" entre ambos. No existieron más actuaciones judiciales.

De acuerdo a la información judicial a la que accedió Subrayado, la primera denuncia fue el 15 de febrero pasado. La Policía los observó a ambos ese día a la madrugada en la calle 31 y Gorlero de Punta del Este, golpeándose. Allí, fue cuando el adolescente la denunció.

Según indicó entonces uno de los policías, la joven era quien lo agredía, y luego coincidió con el relato de ambos. Llevados a la comisaría, indicaron que tuvieron una "pequeña pelea". Ambos fueron revisados por médicos y dados de alta por no tener heridas de gravedad.

El Juzgado Especializado de 1° turno de San Carlos dispuso entonces, de forma verbal "notificar a los padres a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad" y "mantener en órbita policial", indica la resolución.

La segunda denuncia fue el 1° de julio de 2023 previo al mediodía. En la comisaría 1° de Maldonado la madre de Valentina, Liliana Sarmoria, denunció al adolescente por haber golpeado e insultado a su hija.

La mujer dijo a los policías que dos días antes ella no se encontraba en su casa, y su hija había estado allí con el adolescente. Agregó que hubo una discusión entre ambos adolescentes y que allí ocurrieron las agresiones.

Reconoció que tras la denuncia de febrero ella no era consciente de que aún se seguían viendo, pese a que los padres les habían prohibido el contacto. Dijo que al salir de la comisaría iría a un centro de salud para que constaten las lesiones de la menor y presentar el certificado.

Sarmoria pidió entonces que se tomen medidas cautelares.

Del caso fue informado la jueza subrogante de 2° turno de Violencia en Género de San Carlos (Salim Molina), que dispuso de forma verbal a un "buen relacionamiento" entre los menores. Y también "intimar a todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad", consta de la resolución. En tanto, añade, que el caso quede en la "órbita policial".

Femicidio Natalia Lagos

En el caso de Natalia Lagos, ambas magistradas serán sumariadas, informaron fuentes de la Corte a Subrayado. Había denuncias previas. La denuncia de la familia busca conocer si hubo omisiones de parte del Estado.

“De todas las obligaciones que tenía la magistrada actuante, entendemos que de todas las posibles soluciones se le dio la más chica, la que menos garantías ofrecía para la denunciante, en el entendido de que hay ciertos artículos de la ley 19.580 que la magistrada no podía haber sorteado a su libre elección, como ser la convocatoria a audiencia, la solicitud de que se le elevaran los antecedentes, el hecho de que se pidieran los informes de estilo, que muchas veces desnudan a nivel judicial la eventual peligrosidad de la persona denunciada”, narró el abogado de la familia, Rafael Silva, el miércoles de la semana pasada en Subrayado.

Subrayado