El SUPRA ha denunciado desde el primer momento que este acuerdo es “ilegal, inconstitucional e inconveniente”, y ha generado pérdidas de puestos de trabajo en la actividad portuaria debido al traslado de servicios que se brindaban en los muelles públicos a la terminal especializada de Terminal Cuenca del Plata (TCP). Por lo que, un nuevo traslado amenaza con “nuevas pérdidas”.

Según el gremio portuario, “los servicios continúan yéndose a la empresa Katoen Natie, ganando importancia y debilitando el rol de las demás empresas”.

“En un plazo relativamente corto, la terminal contará con un nuevo muelle para estar en condiciones de absorber estos servicios”, indicó el SUPRA. Mientras tanto, desde la empresa Montecon se ha advertido que “de concretarse este hecho, y como consecuencia de la baja en el trabajo, enviará a sus trabajadores al seguro de paro, o directamente los despedirá, al punto de analizar la viabilidad de la empresa en Uruguay”.

“Esta situación está generando gran incertidumbre en los trabajadores respecto a sus fuentes de trabajo, ya que el sindicato portuario aún no ha logrado el compromiso de la empresa belga de absorber a los trabajadores que pierdan sus puestos laborales. Esto es consecuencia del nefasto acuerdo firmado entre el gobierno actual y la empresa Katoen Natie”, afirmó el SUPRA.

Asimismo, desde el sindicato portuario se reclama que ningún trabajador se quede sin empleo, y que la empresa TCP, beneficiaria exclusiva de este acuerdo, se haga cargo de los trabajadores portuarios que se vean afectados.

Rechazan enérgicamente “el monopolio privado extranjero en el puerto de Montevideo y sus consecuencias tanto para el pueblo uruguayo, la soberanía nacional y la empresa pública Administración Nacional de Puertos”.

Este miércoles 7 de febrero se realizará una reunión del ejecutivo nacional extraordinario del SUPRA para analizar el tema y posibles medidas de lucha.

Por otro lado, el PIT-CNT ya ha expresado su profunda preocupación ante la situación crítica que enfrenta el sector pesquero nacional y particularmente sus trabajadores.

En lo que va del presente año, gran parte de la flota pesquera nacional se encuentra en un estado de “inactividad, al igual que las instalaciones de procesamiento de pescado”.

Este período de paralización ha llevado a que una mayoría del personal esté en licencia o en seguro de desempleo, generando una situación laboral sumamente difícil para miles de trabajadores y trabajadoras de la pesca, ha manifestado la central sindical.