Los gremios aseguran que los responsables de distintos organismos filtraron que se bajó la orden de reducir entre un 20 y 30 por ciento la planta transitoria de la Administración Pública Nacional (APN). En el Gobierno responden que, por el momento, no hay datos certeros. En la previa de los anuncios, Armando Guibert, el funcionario encargado de la “depuración” del Estado, presentó su renuncia, y mientras el Presidente se ufana de las cesantías, trabajadores de la Casa Rosada se declararon en “estado de alerta y movilización”.

La angustia crece en las dependencias públicas nacionales. Todos los días llegan, cada vez con más frecuencia, telegramas de despidos; y se sabe que la semana que viene se intensificarán porque finalizan 65 mil vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6 mil de los conocidos como 1.109. Se trata de trabajadores precarizados, cuyos contratos fueron prorrogados por tres meses el 31 de diciembre, y que están en vilo a la espera de una definición.

"Es inminente el despido de miles de estatales. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes", expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien convocó a una reunión del Consejo Nacional del gremio para mañana a las 10. El objetivo del encuentro es convocar con urgencia a un paro general. “Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril”, agregó. El dirigente estima que a raíz del fin de semana largo, las notificaciones se enviarán entre el martes 26 y el miércoles 27. "Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional", completó Aguiar.

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