En este sentido, remarcó que las y los trabajadores estatales, “nos vamos a preparar para un conflicto de largo aliento; que este gobierno lo sepa claramente”, anunció.

Este jueves 18 se llevó a cabo el paro general nacional de 24 horas de COFE, en protesta contra el nuevo régimen de certificaciones médicas.

A las 10 de la mañana se realizó una concentración frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas donde se realizó un acto en el que hicieron uso de la palabra: el vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López; el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) José Olivera; la secretaria de Asuntos Gremiales de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Carmen Pilar Igoa; y el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, Rodolfo Aguiar.

Durante la parte oratoria, José Lorenzo López denunció que el Ejecutivo, de manera unilateral y sin respetar los ámbitos de negociación que le obliga la Ley 18.508, la cual establece que la salud es parte de la negociación colectiva, está comenzando a aplicar un régimen de certificaciones médicas “injusto, ilegal e inconstitucional”.

“De esta manera se golpeará a los trabajadores estatales doblemente, ya que se ha intentado instalar un relato falso que afirma que a los estatales no se les descuenta del sueldo cuando se enferman, lo cual es mentira, ya que sí se les descuenta el sueldo, tanto por presentismo, compromisos de gestión, cumplimientos de metas y partidas de seguridad correspondientes a cada uno de los organismos”, detalló el dirigente sindical.

Asimismo, aseguró que en la actualidad debido a una falta por certificación médica, en algunos casos, ese descuento supera el 10% del ingreso del trabajador y con el nuevo régimen, a partir del décimo día, se les descontará a los trabajadores el 25% de su salario.

El dirigente sindical remarcó que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, pretende llevar a cabo la misma medida que implementó pocos días después de la aparición de la pandemia de coronavirus, que consistió en establecer un impuesto a los funcionarios estatales que percibían más de 80 mil pesos para poder afrontar la crisis sanitaria. “Después, la economía creció por encima del 2019 y 2020, y nunca se les devolvió un peso a los trabajadores a quienes se les había confiscado parte de sus salarios”.