Sin embargo, el mandatario decidió vetar el artículo 72 de la iniciativa que había sido presentado por Cabildo Abierto.
Dicho artículo establecía que: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral”. A la vez, el artículo vetado disponía que quedaban exceptuados de esta disposición “los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.
Legisladores del Partido Colorado manifestaron que votarían el artículo porque estaban seguros de que el presidente lo vetaría, mientras que, desde Cabildo Abierto, el sector que promovió el artículo, lo votaron con la convicción de que el mandatario lo mantendría firme.
Lo cierto es que, pasado el mediodía de este jueves, Lacalle Pou decidió vetar el polémico artículo 72 ante una andanada de cuestionamientos de organismos internacionales. En efecto, las críticas al artículo fueron realizadas por la UNESCO, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la Alianza Regional por la Libre Expresión, el Comité de Protección de Periodistas, y la Federación Internacional de Periodistas de América Latina y el Caribe.
Luis Curbelo, periodista y directivo de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) dijo al Portal del PIT-CNT que APU solicitó a los legisladores que no avanzaran en esta normativa entre otras cosas porque “no respeta la libertad de expresión”.
Dijo que “la coalición de gobierno avanzó en un proyecto de ley que fue cuestionado dentro de la propia coalición, como, por ejemplo, el Partido Colorado, que lo votó con la convicción de que el presidente vetaría el artículo 72 sobre las restricciones a la libertad de prensa. Mientras que Cabildo Abierto lo votó con la certeza de que el presidente no vetaría ese polémico artículo. Es increíble que dentro de la misma coalición existan este tipo de contradicciones”.
Curbelo lamentó que en la normativa recientemente sancionada por el Parlamento “se abandone el concepto de monopolio y oligopolio en relación con la acumulación de medios de comunicación, lo que favorece a los grandes grupos empresariales; se elimine la declaración de que los servicios de comunicación audiovisual son de interés público por el papel que cumplen en la promoción de los valores democráticos; y se elimine también la declaración de que el espectro electromagnético es un patrimonio de la humanidad que está por encima del país”.
Curbelo manifestó que “también son preocupantes los beneficios otorgados a los grandes grupos económicos, y que durante este gobierno ha habido señales muy claras en ese sentido, como el apoyo brindado a los canales privados para producciones audiovisuales que ni siquiera son nacionales, ya que se compran licencias de otros países para hacer reality shows”.
