Se trata, por un lado, de la proyectada planta de producción de combustibles sintéticos de la empresa HIF en la costa de Paysandú y, por otra parte, del dragado del río Uruguay hasta Concordia y Salto.
Al respecto cuestionaron la falta de información oficial ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), además de la ausencia de consultas previas a las comunidades afectadas por las iniciativas.
Los profesionales solicitaron acceso a los datos necesarios para evaluar los riesgos ecológicos y sociales de ambos proyectos. Agregan que “es imprescindible que las comunidades puedan conocer a fondo estos proyectos y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas. La defensa del río Uruguay no es un asunto menor: es una lucha por preservar los bienes naturales, las cuencas, las identidades locales y las vidas plenas para todas las personas que habitan en la provincia y a lo largo de la cuenca”.
Tanto desde las delegaciones argentinas y uruguayas respondieron que compartirán información “cuando dispongan de la misma”.
El Telégrafo
