Lunes, 01 Marzo 2021 11:01

ONU pide el fin a la fuerza contra los manifestantes pacíficos

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La Oficina de ONU Derechos humanos condena la escalada de violencia contra las protestas en Myanmar que se han cobrado la vida de al menos 18 personas y han dejado más de 30 heridos. 

Las muertes se produjeron como resultado de munición real disparada contra multitudes en diferentes ciudades del país. El títular de la ONU se unió a la condena y pidió a la comunidad internacional que envíe "una señal clara a los militares de que deben respetar la voluntad del pueblo de Myanmar expresada en las elecciones y poner fin a la represión".

“Condenamos enérgicamente la escalada de violencia contra las protestas en Myanmar y pedimos al Ejército que detenga de inmediato el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos”, ha indicado este domingo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A lo largo del día, en varios lugares del país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas, “utilizando fuerza letal y fuerza menos que letal” que, según informaciones recibidas esa Oficina, ha dejado al menos 18 personas muertos y más de 30 heridos.

De acuerdo con esas informaciones, las muertes se produjeron como resultado de munición real disparada contra multitudes en Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku. Según los informes, también se utilizaron gases lacrimógenos en varios lugares, así como granadas aturdidoras y explosivas.

“El pueblo de Myanmar tiene derecho a reunirse pacíficamente y exigir el restablecimiento de la democracia. Estos derechos fundamentales deben ser respetados por los militares y la policía, no enfrentados a una represión violenta y sangrienta”, se asegura en un comunicado emitido por la

La Oficina recuerda que el uso de fuerza letal contra manifestantes no violentos nunca está justificado según las normas internacionales de derechos humanos.

Desde el comienzo del golpe de Estado en Myanmar el 1 de febrero, la policía y las fuerzas de seguridad han atacado a un número cada vez mayor de voces de oposición y manifestantes arrestando a funcionarios políticos, activistas, miembros de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.