A solicitud de Cabildo Abierto, en el Senado se agregó un aditivo que fue aprobado por ambas cámaras. En efecto, el artículo 636 establece que "el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y el Fiscal Adjunto de Corte estarán inhibidos por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros".

La normativa marca un plazo menor para el caso de los fiscales letrados. "En el caso de los Fiscales Letrados con competencia en materia penal estarán inhibidos por un año, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros".

El artículo establece que los fiscales "que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de la desvinculación de sus cargos, tendrán derecho a percibir por el tiempo de la inhibición un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad".

"La percepción del subsidio creado en el presente artículo es incompatible con la percepción de haberes de actividad con cargo a fondos públicos, excepto los derivados del ejercicio de actividad docente en la enseñanza pública", se agrega.

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a Subrayado que aún no hay una decisión tomada, pero se está estudiando la eventualidad de vetar el artículo. Es una disposición que no cayó bien en Presidencia de la República, porque se entiende que este tipo de incompatibilidades no son una buena medida y no se descarta aplicar el veto.

Una vez que la ley de Rendición de Cuentas ingrese al Poder Ejecutivo, el presidente Luis Lacalle Pou tiene un plazo de diez días para la aplicación del veto antes de la promulgación de la norma.

La Asociación de Fiscales del Uruguay considera que la disposición aprobada por el Parlamento es discriminatoria y evalúan plantear el asunto a través de un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y elevar su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Subrayado