En el mensaje, compartido a través de redes sociales y firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se expresa que los países que suscriben a la carta “manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel”.
Asimismo, realizan un “enérgico llamado a las autoridades venezolanas” para “liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
“De igual manera, rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela”, en referencia a que el gobierno de Nicolás Maduro suspendió el funcionamiento de esta oficina y expulsó del país a su personal este jueves.
En esta línea, la misiva finaliza con el reclamo “por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
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