Los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Europa no deberían escatimar ningún esfuerzo diplomático para proteger el derecho al voto de los venezolanos de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de 2024, señaló hoy Human Rights Watch.

La detención de críticos y opositores, las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos de la oposición y los esfuerzos por restringir aún más el espacio cívico han empañado gravemente el proceso electoral en Venezuela. Las elecciones se celebrarán en un contexto de años de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno y de una grave crisis humanitaria que ha obligado a aproximadamente ocho millones de personas a abandonar el país.

“Aunque las elecciones en Venezuela difícilmente serán libres o justas, los venezolanos tienen la mejor oportunidad, en más de una década, de elegir a su propio gobierno. La comunidad internacional debería respaldarlos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Estados Unidos, Brasil, Colombia y la Unión Europea deberían utilizar todas las herramientas diplomáticas a su alcance para proteger el derecho al voto de los venezolanos”.

El 17 de octubre de 2023, la oposición venezolana y el gobierno firmaron el Acuerdo de Barbados, un documento en el que acordaron respetar el derecho de los partidos políticos a elegir a sus candidatos presidenciales y celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, entre otras garantías. Estados Unidos acordó levantar temporalmente ciertas sanciones a cambio del compromiso de llevar a cabo unas elecciones libres y justas.