Jueves, 04 Febrero 2021 11:02

Los Peirano piden “reparación integral”

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Según informa este jueves el Semanario Búsqueda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene a estudio una petición presentada por Jorge, Dante y José Peirano en la que demandan que se declare la nulidad de sus condenas y que el Estado uruguayo les otorgue una "reparación integral" y una "disculpa pública". 

En el reclamo, aseguran que sus derechos humanos fueron violados de manera "gravísima" debido a la extensa duración de las causas penales, en "clara contravención al plazo razonable" del proceso.

Un argumento similar planteó la defensa de Juan Peirano en un escrito presentado esta semana ante el juzgado penal de 23er turno. En el documento, consultado por el citado medio, el abogado Daniel Sellanes pide a la jueza Isaura Tórtora que "disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones" debido a la violación del principio del "derecho al plazo razonable en el proceso penal". Es que la causa en su contra se inició en 2006, con el pedido de extradición a Estados Unidos, y el expediente todavía se encuentra en trámite. Incluso, aún está pendiente que la Fiscalía presente una acusación -o eventualmente desista de ello- ante la jueza, un paso previo a que esta resuelva si condena o absuelve a Peirano.

Es la segunda vez que miembros de la familia Peirano recurren a la CIDH. En la primera ocasión denunciaron el tiempo excesivo de prisión preventiva (sin condena) al que fueron sometidos, y les fue bien.

La familia Peirano y el grupo económico que encabezaba (conocido como Velox) estuvieron en el ojo de la tormenta durante la crisis de 2002, que provocó el cierre de dos bancos (Montevideo y Caja Obrera), la desaparición de los ahorros de numerosos ciudadanos y el país entero al borde del default y afrontando una terrible escalada de pobreza.

El Caso Peirano es considerado como la mayor crisis bancaria uruguaya, una estafa cuyo monto se calculó en más de 800 millones de dólares, además de otras consecuencias que no se pueden traducir tan fácilmente en números precisos, como la precarización de la economía del país, el aumento de la pobreza y la pérdida de confianza en el sistema financiero del país.

Las empresas que tenían los Peirano eran sociedades anónimas de tipo cerrado de índole familiar en que más del 70 % de las acciones eran de Jorge Peirano Facio. Este último contrajo matrimonio con Vanda Alva Basso y tuvo siete hijos. Cuatro de ellos, Juan, Jorge, Dante y José Peirano Basso, se repartieron el resto de las acciones y participaciones de las compañías. Otros familiares también fueron accionistas y ocuparon los cargos de directores y administradores.

En agosto de 2002, luego de que se produjera el recordado "corralito" bancario, el padre y los cuatro hijos fueron citados a declarar en el juzgado de la calle San José 1132 y se les solicitó una orden de captura. Todos fueron detenidos, menos el hermano mayor, que se dio a la fuga. Peirano Basso, con doble nacionalidad uruguaya e italiana y entonces de 56 años, fue arrestado en Miami en 2006 para su extradición por solicitud de la jueza uruguaya Gatti Santana, perteneciente al Penal de Séptimo Turno. Sus hermanos Dante, José y Jorge, acusados también por fraude bancario, se encontraban en prisión en Uruguay desde agosto de 2002.

El caso de los Peirano se eternizó en los tribunales y la sentencia firme sólo llegó en el año 2017, cuando Dante y José Peirano Basso fueron condenados por el desvío de varios millones de dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar. En el caso de Juan Peirano, considerado el jefe del grupo, 15 años no bastaron para que concluyera la investigación en su contra, por lo que aún no hay una sentencia que lo condene o lo absuelva.

En ese tiempo, las vicisitudes del caso fueron numerosas y algunas casi cinematográficas. Tres de los Peirano fueron procesados y encarcelados, otro se fugó a Estados Unidos y fue extraditado años más tarde, el padre falleció en la cárcel y su cadáver fue exhumado ante dudas sobre su identidad, el juez de la causa fue recusado y decidió apartarse en medio de una polémica política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó a Uruguay por el tiempo excesivo de la prisión preventiva, una ley eliminó el delito que se les imputaba y la causa fue clausurada por un tribunal, la Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás, cambiaron los fiscales y los abogados defensores, los hermanos fueron acusados, condenados y luego casi olvidados por la prensa.

Montevideo Portal