Los implicados elegían como víctimas a personas que estaban al frente de una empresa nacional o administraban algún tipo de negocio (inmobiliario, compra y venta de inmuebles, entre otros) y que tenían capacidad para disponer de grandes sumas de dinero.

Posteriormente hackeaban sus correos electrónicos y conseguían información de sus cuentas bancarias. Luego se comunicaban con las instituciones financieras y, mediante engaños, lograban cambiar el PIN o contraseña de las cuentas.

Una vez en poder del nuevo PIN realizaban transferencias, haciéndose de altas sumas de dinero, las cuales eran enviadas a cómplices utilizando redes de cobranza.

Tras intensas jornadas de inteligencia, análisis de información y vigilancias, se llegó a una organización cuyo principal ideólogo, junto a otra persona privada de libertad, operaban desde la cárcel (ambos cabecillas de la organización), pudiendo determinar los roles de cada uno de los integrantes restantes, quienes, a su vez, auspiciaban de testaferros recibiendo las ganancias de la maniobra.

Una vez obtenidas las evidencias suficientes, y enterada la Justicia pertinente, fueron llevados adelante cinco allanamientos por personal de dicho Departamento con apoyo de otras Unidades de INTERPOL realizando cinco detenciones y logrando recuperar 145.000 pesos que forman parte del dinero estafado. También fueron conducidos a la sede Fiscal las dos personas privadas de libertad.

Se dispuso la formalización del principal ideólogo de la maniobra criminal, quien días atrás fue procesado por otro hecho donde se hacía pasar por Fiscal realizando estafas, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa en calidad de autor, disponiéndosele prisión preventiva por el lapso de 90 días que comenzará a regir una vez excarcelado en la causa que se encuentra recluido”.

También fueron condenados cuatro hombres y dos mujeres por delitos de asociación para delinquir y estafa con penas que van desde un año y un mes hasta dos años y nueve meses de penitenciaría, algunas de las cuales se cumplirán en régimen mixto de prisión efectiva y libertad a prueba.

Continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros integrantes de la organización que estarían plenamente identificados.