En tanto hoy, la Departamental del Partido Nacional considera su pase a la Comisión de Ética, ante los hechos ocurridos en Porvenir, desde que la Intendencia de Paysandú decidiera tomar el control operativo del municipio. Además, ayer se tomó posesión del edificio que ocupa el municipio y el alcalde a partir de hoy pasará a ocupar un lugar en el Centro Cultural, tras perder la oficina que tenía.

Temprano en la mañana de ayer, a las 7, la encargada de Descentralización, Gabriela Gómez, y el coordinador del personal del Municipio de Porvenir, Javier Rodríguez, se hicieron presentes para encontrarse con el personal de servicios, obras y Jornales Solidarios en la calle, porque el alcalde Ramiro Ayende había ocupado el lugar y no permitía el ingreso de nadie. A las 8 la situación se reiteró cuando llegó el personal administrativo, que tampoco pudo ingresar.

“El personal estuvo en la calle hasta el mediodía sin que el alcalde permitiera su ingreso para que trabajaran normalmente, como era la intención y como lo necesitan los vecinos de la jurisdicción”, dijo Gómez. Solamente trabajaron dos personas en el comedor “que desconocemos qué tipo de contrato tienen, si reciben el pago por el Literal A (de libre disponibilidad) o en qué situación se encuentran”.

A la hora del servicio, el alcalde permitió el ingreso de los usuarios de a uno y cerrando la puerta de inmediato. También tenía en su poder las llaves de los vehículos de que dispone el municipio.

Ante esta situación, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la inmediata desocupación del padrón 34 del Municipio de Porvenir “al verse violentado el derecho de los trabajadores municipales que se vieron impedidos de acceder a su trabajo, obstaculizándose además la prestación regular de los servicios públicos”, tal como se indicó en un comunicado. “Por lo pronto se da cuenta que hay un procedimiento en curso para proceder a la intimación de desocupación del bien de propiedad municipal, bajo el apercibimiento de proceder con la fuerza pública. Esta medida ha sido adoptada para brindar la tranquilidad necesaria a los vecinos, como también a los funcionarios que deben cumplir tareas en el lugar, garantizando así su acceso al trabajo, ante la ocupación irregular que se viene llevando a cabo”, agregó el documento.

El Telégrafo