A través de un decreto, el Gobierno eliminó la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios.
La resolución contradice el artículo 75 de la Constitución, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
El gobierno de Javier Milei eliminó la protección legal con que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus tierras ancestrales de propiedad comunitaria.
La medida fue tomada a través del decreto 1083/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial y declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160 sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En ese mismo decreto presidencial firmado prácticamente por todo el Gabinete de gobierno se dejó sin efecto el artículo 2 de esa ley, que suspendía la ejecución de sentencias y actos administrativos tendientes al desalojo de esos territorios.
Página 12
